La emisión y consumo de facturas es tan popular como necesaria en el afán de mantenerse al corriente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, dada la intención de muchos contribuyentes por evitar pagar la totalidad de sus impuestos, así como de establecimientos por exentarlos, existen prácticas inconsistentes relacionadas con la facturación. Estas prácticas, aunque cumplen con el cometido de hacer “ahorrar” a los contribuyentes, son ilegales y pueden traer consecuencias muy negativas, pues tienen carácter fraudulento.

Aunque existen una serie de inconsistencias populares, las malas prácticas más habituales son:

  • Proporcionar un dato diferente al RFC. El uso de cualquier dato personal ajeno al RFC, no es un requisito fiscal.
  • Brindar un correo electrónico. Aunque proporcionar un email es benéfico para confirmar que la factura haya sido emitida satisfactoriamente, esta solo es una opción y no una obligación.
  • Exponer en la factura un precio diferente al gastado. Incluyendo el IVA, el precio del producto o servicio debe ser íntegro y no incrementado o disminuido.
  • Acudir por la factura a un lugar ajeno a donde fue emitida. Toda factura debe ser entregada en donde se llevó a cabo la operación y en el año donde ésta fue realizada.
  • Negar una factura. Todo establecimiento que genere transacciones e ingrese dinero deberá emitir facturas.
  • Implicar que una factura no se puede dar porque se requirió tarde. Una factura puede ser emitida a lo largo de todo un año.

Aunque son muchas las razones por las que usar facturas ilegítimas debería ser considerado incorrecto, éstas son consideradas una amenaza a la seguridad nacional. Por lo tanto, se tratan con una importancia mayúscula y sus consecuencias pueden llevar incluso a castigos como la prisión.

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